Una investigación se ha iniciado para determinar si algunos concejales han incurrido en un delito. El caso se refiere a la anulación de una licencia de construcción de un hotel. La votación sobre esta anulación fue pospuesta por algunos ediles, lo que generó críticas de entidades ecologistas.

Estas entidades consideraron que la decisión de posponer la votación fue inadmisible y denunciaron el caso ante la fiscalía. La licencia en cuestión había permitido la construcción de un inmueble que se ha convertido en un símbolo de la especulación en la costa. La anulación de la licencia se produjo finalmente después de un ultimátum, pero la investigación busca esclarecer si los concejales actuaron de manera incorrecta al retrasar la votación.