Se ha pedido la anulación de una sentencia que condenó a dos personas a penas de inhabilitación. La solicitud se basa en la falta de pruebas que demuestren la comisión de un delito. Las personas involucradas son el hermano del presidente del Gobierno y un líder político.

La sentencia original se refiere a supuestas irregularidades en la contratación de un familiar en una institución pública en 2017. Se han cuestionado las decisiones tomadas en ese momento, pero no se han encontrado pruebas concluyentes. La solicitud de anulación de la sentencia ha sido presentada ante un tribunal superior, que deberá tomar una decisión al respecto.