Un debate sobre la aplicación de una orden judicial se lleva a cabo en la Junta Electoral Central. La mayoría de sus miembros consideran que su función es resolver dudas sobre el procedimiento de votación en determinados municipios. Esto se debe a una decisión del Tribunal Supremo que afecta a personas nacionalizadas bajo una ley específica.

La discusión sobre este tema ya había ocurrido en una reunión anterior, en la que se tomó una decisión por nueve votos a favor y cuatro en contra. Los detalles de la reunión y la decisión del Tribunal Supremo están disponibles en la publicación original. La Junta Electoral Central busca dar cumplimiento a la orden judicial de manera efectiva.

La ley en cuestión permite la nacionalización de descendientes de exiliados, y su aplicación es el centro del debate.