Un proceso de negociación se ha iniciado para resolver un conflicto competencial. La objeción del Gobierno central a siete artículos de una norma ha llevado a esta situación. Ambas partes tienen un plazo de seis meses para llegar a un acuerdo.

Se busca evitar un posible conflicto que podría llevar al Tribunal Constitucional. La situación se ha complicado debido a los comicios del 29-N, que podrían tener efectos sobre el futuro de una ley considerada pionera. Pueden encontrarse más detalles sobre este proceso en la publicación original.

La situación es incierta y no hay garantías sobre el resultado final.