El Estado español enfrenta un costo significativo debido al cierre del almacén de gas Castor. La cantidad que se espera pagar supera los 330 millones de euros. Esta cifra se conoce gracias a la documentación oficial hecha pública por la empresa responsable de la operación y mantenimiento de la planta.

El almacén de gas nunca entró en funcionamiento y su operativa se detuvo en el año 2013. Los ciudadanos y consumidores españoles asumirán este costo, que se suma a las indemnizaciones reconocidas a las compañías. 700 millones de euros.

Para obtener más información, se puede consultar la documentación oficial publicada por la empresa responsable.