Un posible desalojo ha generado alarma entre las entidades sociales y la oposición. Se trata de un asentamiento donde viven alrededor de 800 personas en condiciones precarias. La plataforma solidaria que los apoya y los grupos de la oposición han recordado que cualquier desalojo debe tener una orden judicial y ofrecer alternativas sociales.

La situación se ha generado en torno a un plan urbanístico que busca construir viviendas en el área. Los detalles del plan y las consecuencias del posible desalojo pueden ser consultados en la fuente original. La oposición y las entidades sociales están movilizadas para evitar un desalojo ilegal y defender los derechos de las personas afectadas.