Se ha producido un cambio significativo en la normativa universitaria. Un tribunal ha decidido anular una norma que había sido impulsada por el gobierno. La decisión se debe a que se considera que se aceleraron de forma irregular los plazos para su aprobación.

La norma en cuestión afectaba a los centros privados, endureciendo los criterios para su funcionamiento. El tribunal ha considerado que no había justificación suficiente para su tramitación urgente. Pueden encontrarse más detalles sobre este tema en la publicación original, que ofrece una explicación más profunda de la decisión y sus implicaciones.